Zig-Zag y Paulus: No se vive de las musas

by | Jul 4, 2018

El pasado 14 de mayo de 2018, la Excelentísima Corte Suprema de Chile, en fallo unánime, rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a la empresa editorial Zig-Zag por infracción al derecho de autor del artista gráfico Rodolfo Paulus Venegas.

Podemos señalar someramente que Paulus fundamentó su demanda en el hecho de que los años noventa realizó diversas ilustraciones para la casa editorial Zig Zag, algunas de las cuales pasaron a formar parte de las portadas de varios de sus libros impresos por esos mismos años. Ahora bien, estas obras gráficas, serían reutilizadas, modificadas e incluso privadas de la debida paternidad en re-ediciones posteriores, sin mediar una debida autorización del artista.

Este caso reviste algunas peculiaridades que vale la pena consignar. En primer lugar, es de los escasos procesos en que un artista demanda por sí a una empresa por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Sólo en los últimos 3 años se han presentado al menos 195 acciones civiles por infracción de derechos de autor por parte de personas jurídicas, de las cuales 159 fueron iniciadas por la entidad de gestión colectiva de obras musicales SCD. Estas cifras debe contrastarse con las apenas 8 que han sido presentadas en el mismo periodo por personas naturales, de las cuales 2 están referidas específicamente a infracciones de obras visuales. Ahora bien, la incidencia en costes de litigación se muestra como una de las explicaciones más obvias[1] respecto a la falta de enforcement por parte de creadores y autores, lo que en consecuencia ha limitado la discusión jurisprudencial en nuestros tribunales de qué constituye o no una infracción de Derecho de Autor y cómo avaluar los daños causados.

En segundo lugar, y por esta misma razón, las declaraciones allegadas en este proceso por parte de testigos -editores, directores de arte y otros artistas gráficos de la industria editorial- revelan un bajo grado de profesionalización de dicha industria, nulo conocimiento del instituto del Derecho de Autor y escaso uso de instrumentos jurídicos adecuados para la transferencia de obras del intelecto.

Esta falta de rigurosidad aparece -incluso- de manifiesto en la misma defensa que hiciere el demandado del ilícito civil cometido. A lo largo de las tres instancias insiste en justificar la legitimidad del uso de la obra de Paulus a través de las figuras de obra en colaboración y obra por encargo -de forma intercambiable- para desestimar así la autoría del ilustrador, y por tanto, las pretensiones de su demanda. Afortunadamente sus alegaciones fueron desechadas por la Suprema Corte en estos didácticos términos:

“Quinto: Que, en cuanto a que la circunstancia de que el recurrente[2] encargó la obra determinaría que es su autor originario, el recurso confunde obra por encargo con obra en colaboración. Se trata de instituciones diversas. La obra en colaboración es aquella “producida, conjuntamente, por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados” (ley 17.336, artículo 5 letra c). En este caso, todos los coautores gozan en conjunto de los derechos de autor que consagra la ley. Esto plantea dificultades cuando los coautores no están de acuerdo en la publicación de la obra. Este problema requiere un tratamiento especial, que se encuentra en el artículo 23 de la ley. Es por esta razón que la ley trata de las obras en colaboración.

El hecho relevante acreditado en esta causa es que se trató de una obra por encargo, no de una obra en colaboración.

Sexto: Que la obra por encargo, en general, no plantea dificultades. Autor es quien produce la obra, no quien la encarga (…)”

Ahora bien la sentencia de primera instancia del 8vo Juzgado Civil de Santiago, a su vez, ya realizaría una disquisición pertiente en torno a la autoría de la obra por encargo, señalando que las limitaciones o instrucciones del mandante no lo convierten, bajo ningún respecto, en co-autor:

“DÉCIMO TERCERO: (…) Que a mayor abundamiento, la circunstancia de entregar la editorial a través de su gerente o de su editor en jefe los lineamientos de la obra solicitada no los hace co-autores de la misma; en efecto, sin importar cuán detalladas sean las instrucciones que reciba, la forma especfica en que el ilustrador materialice sus ideas lo convierte en autor de ella”.

Para una apropiada inteligencia del caso cabe señalar que del total de infracciones denunciadas por el demandante, el tribunal de primera instancia solo tuvo por acreditadas ocho de ellas (la mayoría de las infracciones fueron consideradas o ya prescritas o no debidamente probadas). Lo que nos lleva a lo que me parece el punto más débil de las sentencias en comento: la avaluación del monto de la indemnización.

El 8vo Juzgado Civil de Santiago razonó que por cada infracción el demandado sería obligado a pagar el monto de 7.5 UTM (aprox. USD 540 en la actualidad), como indemnización por daño moral y basó su decisión en una prueba testimonial del demandante donde se probaba que al artista se le pagaba en la actualidad un monto similar por los trabajos de ilustración que realizaba para una institución pública. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago aumentaría dicho monto a 15 UTM (aprox. 1080 USD en la actualidad) por cada infracción.

Claramente pesa sobre el demandante la prueba del daño y el sentenciador solo falló en base al mejor antecedente presentado. Sin embargo, al menos se puede apuntar que la naturaleza de las infracciones cometidas eran distintas (alteración de obra y omisión de paternidad) y fueron equiparadas a un mismo monto; no se consideró que un artista gráfico en estas condiciones no percibe ingresos por royalties y los testimonios presentados por el mismo demandado, efectivamente daban cuenta de una informalidad e irregularidad generalizada en Zig-Zag (y la industria) que valía la pena corregir o dirigir a través de una sentencia ejemplar. Podríamos teorizar largamente sobre ello.

Sea como sea, el caso de Paulus constituye un precedente relevante de enforcement del derecho de autor en la jurisprudencia nacional que merece nuestra atención por las características expuestas y la cual claramente nos obliga a hacer mayores esfuerzos por tener una industria creativa educada y respetuosa de los derechos de los creadores.

Sin perjuicio de que la sentencia cuenta con fundamentos que enriquecen la jurisprudencia nacional sobre el Derecho de Autor, también hace manifiesta una deficiencia patente de nuestra cultura actual: la falta de valorización -pecuniaria y simbólica- del quehacer artístico y creativo. No se vive de las musas.


[1]    Esta breve constatación de antecedentes parece estar en línea con una de las críticas más comunes al estatuto del derecho de autor: en realidad su fin no es el de proteger a autores, si no que a los distribuidores. Para explorar esta idea véase Copyright and “the Exclusive Right” of Authors de L. Ray Patterson y  The Surprising History of Copyright and The Promise of a Post-Copyright World  de Karl Fogel. Ambas disponibles en línea.
[2]          N.del Autor: se refiere a Zig Zag.

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